Insisten en que 1,4 millones de personas podrían verse discriminadas
Sube el precio de la vivienda en alquiler en el Archipiélago: un 14,6% en el último año
DIARIO DE AVISOS
La reciente Ley de la Vivienda, aprobada por el Gobierno el pasado mes de mayo, incluyó una modificación en el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece que el pago de los alquileres deberá realizarse por medios electrónicos y solo se permitirá en efectivos en casos excepcionales.
Para aquellos casos en los que alguna de las partes involucradas no disponga de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos, se permitirá el pago en efectivo como alternativa.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha posicionado en contra de dicha modificación asegurando que “el efectivo no solo es el medio que goza de mayor aceptación, sino que favorece la inclusión financiera de todos los consumidores”. Asimismo, insiste en que 1,4 millones de personas podrían verse discriminadas por estar en riesgo de exclusión financiera.
Para ejemplificar la importancia de este método de pago, la OCU ha emitido un comunicado en el hace referencia a un estudio del Banco de España sobre hábitos de uso del efectivo, en el que se concluye que el 82% de la población española está en contra de la desaparición del dinero en metálico y que este sigue siendo el medio de pago más utilizado en el país (99%).
La organización argumenta que el efectivo se muestra como una opción confiable en situaciones de cortes en el sistema eléctrico o telefónico, así como en fallos de plataformas y sistemas de pagos electrónicos. Además, su uso reduce la exposición a estafas digitales como el phishing, brindando una mayor seguridad en las transacciones.
“Esta medida atenta de pleno contra la libertad de elección del consumidor, discrimina a las personas en una situación más vulnerable y con menor capacidad digital”, aseguran. Por ello, la organización ha presentado una petición a los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y al de Derechos Sociales y Agenda 2030, solicitando que modifiquen su normativa.