“Fue entregarle las llaves a la nueva inquilina, subirme al coche con mi hija, mirarla y decirle: hemos perdido el piso”. Kathy Díaz recuerda esta escena, y lo narra con la voz rota. Si has entrado en X (antes Twitter) en algún momento de estas últimas semanas, puede que te hayas encontrado con su perfil @kdrbcn (tengo una inkiokupa!) y hayas conocido un poco más su caso. Kathy es la propietaria de un piso ubicado en Moncofa, en Castellón, habitado por una “inquiokupa” desde 2020, cuando estalló la pandemia. A día de hoy, la okupa acumula una deuda de más de 16.000 euros y la propiedad solo señala a un culpable en esta situación: el Real Decreto 11/2020.
Todo empezó en 2019, cuando la actual okupa del piso se puso en contacto con Kathy. “Yo tenía alquilado el piso a su hija, y me comentó que como su hija iba a salir del piso, porque se le acababa el contrato, ella quería alquilarlo”, narra la propietaria. “Me comentó que sólo lo quería por un año; ella es del norte de España y quería estar una temporada más cerca de su hija y de su nieta. Hasta aquí no me pareció nada extraño y el trato con ella fue bueno”.
“Llegamos a un acuerdo y me comentó que me iba a pagar el año completo, a tocateja, porque no quería tener problemas con mensualidades ni estar preocupándose por abonar cada mes el alquiler. No me pareció lo más normal, pero acepté”, sostiene Díaz.
Según explica la propietaria a idealista/news, el año transcurrió sin problemas. El piso tenía un alquiler de 300 euros, pero era un dúplex de 110 m2, por lo que la propietaria nunca creyó ni que fuera un piso caro ni difícil de pagar, y mucho menos que fuera a tener problemas de impago. Todo iba bien hasta que llegó la finalización del contrato y le preguntó qué que quería hacer, “a lo que ella respondió que quedarse”.
“Lo que nunca dijo es que quería quedarse, y que lo haría en calidad de okupa”, lamenta la propietaria. “Se le renovó el contrato, se estipularon nuevas condiciones, como poner los suministros a su nombre porque iba a ser un contrato de larga duración, y se firmó”, explica Díaz, que recalca con algo de rabia que “nunca pensé que en ese momento estuviera firmando un consentimiento para vivir mi peor pesadilla”.
Covid-19 y un Real Decreto que no gustó a los propietarios
Estalla la pandemia del covid-19 y lo que ya era complicado se vuelve complicadísimo para los propietarios de este dúplex en Moncofa. “La inquilina, hoy ya okupa, me dijo que había una pandemia mundial, que no tenía dinero ni recursos para conseguirlo y que estaba amparada por la justicia, así que me pedía paciencia. Yo la tuve, y en las conversaciones que teníamos siempre me repetía lo mismo: que igual que me pagó un año a tocateja, esto también me lo acabaría pagando”, asegura Díaz.
“El Real Decreto 11/2020 nos ha destrozado la vida a muchos propietarios, ya que tuvo sentido en un momento dado, pero ahora creo que está de más mantenerlo. Y lo que más me preocupa es que no hay una previsión a corto plazo de desbloquearlo”, explica la propietaria. Este Decreto sirvió para que se adoptaran medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19.
Fueron pasando los meses y la okupa hizo algunos pagos, pero anecdóticos frente a la deuda de 5.000 euros que ya acumulaba con la propiedad a finales de 2020.
“En enero de 2021, mi marido se rompió el brazo y dejó de entrar dinero en mi casa; entonces me vi en la tesitura de hacer frente a mis gastos o a los suyos”, explica Díaz. “Recurrí a unos amigos para que me ayudaran económicamente y poder saldar la deuda de luz que tenía mi okupa y poder dar de baja ese suministro. Del mismo modo, los recibos del agua los devolví, para poder tener yo liquidez. Y aquí dio inicio el calvario, ya que empezó a ponerme denuncias por coacciones”.
“El primer juicio de la luz lo gané yo, porque el juez le dice que en el contrato está estipulado que debe poner ese suministro a su nombre, y que nadie se lo ha impedido. Así como el segundo. Pero me puso una tercera demanda, a la que yo no presté mucha atención, y el juez me condenó a restablecerle el agua y pagar una multa”, lamenta.
“Hablé con ella para que la deuda la pagara ella, porque yo no tenía dinero para hacerle frente a la deuda, y me dijo que ella no iba a pagar nada y que si no lo hacía yo haría lo posible para mandarme a la cárcel”, sostiene la propietaria, que asegura haber tenido que estar en tratamiento psicológico por el estrés que le está causando este episodio en su vida.
A partir de aquí, todo ha sido un ir y venir de juicios y demandas. Kathy Días no ha podido demandar a la inquilina, según ella, “porque la okupa me había demandado por lo penal y yo la iba a demandar por lo civil” y que su abogado le explicó “que se pararía mi proceso para darle prioridad al suyo, por un tema de rangos”.
Finalmente, Kathy logró poner las demandas correspondientes, “pero la okupa dinamitó todos los procesos, haciendo imposible que se celebraran los juicios”. Según narra la propietaria, “hay como cinco juicios parados y seis lanzamientos parados. O no la localizaban, o pedía justicia gratuita, o sus propios abogados renunciaban a su defensa porque no la podían localizar, dando como resultado un aumento de plazos. Finalmente la declararon vulnerable, aunque ella cobra una pensión, y eso lo puso todo aun más difícil”.
“Cuando recupere el piso, no pienso alquilarlo de nuevo. No quiero más inquilinos, ya sean las mejores personas del mundo. El Gobierno no nos ampara y la única solución que veo es no jugármela más. Lo pienso cerrar”, lamenta Díaz.
Fuente: https://www.idealista.com/